La disputa legal que enfrenta el diputado morenista Luis Ricardo Ferro Baeza volvió a colocarse en el centro de la conversación política en San Miguel de Allende, en momentos en que su nombre ha sido relacionado con una eventual candidatura a la presidencia municipal en 2027.
Crisanta Victoria Torres Brewer, viuda del padre del legislador, lo acusa de incumplir obligaciones alimentarias y ejercer presunta violencia económica, al señalar que durante aproximadamente dos años no habría recibido una pensión establecida dentro del proceso sucesorio. Distintos reportes periodísticos han ubicado el monto reclamado entre 792 mil pesos y alrededor de un millón de pesos.
El conflicto llegó a instancias judiciales. Torres Brewer y su representación legal informaron que existía una audiencia inicial relacionada con una denuncia por incumplimiento de obligaciones alimentarias; posteriormente, la denunciante acusó públicamente a Ferro de no presentarse a una de las diligencias programadas.
Ferro ha rechazado las acusaciones. El legislador ha sostenido que se trata de señalamientos destinados a perjudicarlo políticamente y ha presentado como parte de su defensa una constancia según la cual no figuraba, al menos en abril de 2026, en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. También ha señalado que dejó de fungir como albacea dentro de la sucesión.
La controversia adquiere una dimensión política por las aspiraciones atribuidas al diputado rumbo a San Miguel de Allende. Medios locales lo han identificado como uno de los perfiles de Morena interesados en competir por la alcaldía, mientras Ferro mantiene actividad política y legislativa en la región.
De acuerdo con Hispano MX, fuentes políticas consultadas en Ciudad de México sostienen que las acusaciones podrían ser consideradas durante las negociaciones internas de Morena para definir candidaturas y que incluso existirían resistencias a respaldar su eventual postulación. Hasta ahora no existe confirmación pública de Morena de que Ferro haya sido formalmente vetado o excluido del proceso interno.
El escenario cobra relevancia porque la conducción de las candidaturas de Morena está actualmente en manos de Ariadna Montiel, presidenta nacional del partido, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. Hernández dejó la Secretaría de las Mujeres para incorporarse al proceso partidista encargado de organizar la selección de candidaturas rumbo a 2027.
Además, existe un componente jurídico que debe distinguirse del debate partidista. El mecanismo constitucional conocido como “8 de 8 contra la violencia” contempla restricciones para acceder a candidaturas cuando existe, entre otros supuestos, una sentencia firme por violencia familiar o una declaración como persona deudora alimentaria morosa. Una denuncia o acusación por sí misma no equivale automáticamente a una inhabilitación electoral.
Así, el caso de Ricardo Ferro se mueve actualmente en dos terrenos distintos: el judicial, donde deberán resolverse las acusaciones y defensas de las partes, y el político, donde Morena tendrá que definir sus perfiles para 2027. Por ahora, no hay evidencia pública de una resolución definitiva que le impida competir ni de un veto formal emitido por la dirigencia partidista.
