La burocracia no es únicamente una sucesión de formatos, firmas y ventanillas. También es una forma de poder que determina quién puede abrir un negocio, acceder a un servicio o materializar una inversión. El Gobierno federal informó que ha eliminado 1,711 trámites y simplificado 3,497 de los 5,594 procedimientos identificados en la administración pública. La cifra representa un avance cercano al 60 por ciento en su programa de simplificación. La apuesta consiste en sustituir procesos fragmentados por rutas más breves, integradas y, en buena medida, digitales.
Eliminar un trámite no significa necesariamente eliminar una obligación. En algunos casos, la estrategia consiste en reunir procedimientos que antes obligaban a presentar varias veces la misma información ante distintas dependencias. La diferencia es importante: desregular implica reducir controles, mientras simplificar supone conservar la finalidad regulatoria disminuyendo pasos innecesarios. Cuando una persona debía completar cuatro procesos relacionados, ahora podría resolverlos mediante uno solo. El reto será demostrar que la reducción no debilita la vigilancia pública ni convierte la rapidez en sustituto de la legalidad.
La Ventanilla Digital de Inversiones concentra trámites para constituir, construir y operar empresas en los tres órdenes de gobierno. Hasta junio de 2026, dieciocho entidades federativas se habían incorporado al sistema, con la intención oficial de integrar a las treinta y dos durante el año. En el modelo presentado, los trámites de constitución pasaron de nueve a seis; los de construcción, de veinticinco a dieciséis; y los de operación, de diecisiete a diez. La plataforma busca convertir un recorrido institucional disperso en una sola experiencia administrativa.
Desde la perspectiva económica, la medida pretende reducir uno de los costos invisibles de invertir: el tiempo perdido en procedimientos inciertos. Una empresa puede contar con financiamiento, tecnología y mercado, pero quedar detenida durante meses por permisos cuyos requisitos se duplican o carecen de plazos claros. La nueva ventanilla permite identificar los documentos exigidos para cada proyecto y seguir el avance de las solicitudes desde un mismo sitio. El Estado intenta presentarse así no como obstáculo para la actividad productiva, sino como coordinador capaz de proporcionar certidumbre.
El programa incluye un mecanismo acelerado para inversiones consideradas estratégicas. Pueden acceder a él los proyectos superiores a dos mil millones de pesos, los ubicados en Polos de Bienestar o los pertenecientes a sectores prioritarios, como energía, semiconductores, dispositivos médicos, industria aeroespacial, farmacéutica y automotriz. Este diseño revela que la simplificación tampoco es políticamente neutral. Al decidir qué inversiones merecen atención inmediata, el Gobierno orienta el desarrollo económico, selecciona sectores preferentes y utiliza la administración como instrumento de política industrial.
La digitalización también se presenta como una herramienta contra la corrupción. Reducir la interacción presencial puede limitar la discrecionalidad de funcionarios que retrasan expedientes, inventan requisitos o condicionan resoluciones. Un sistema con expedientes únicos, plazos visibles y trazabilidad permite conocer dónde se encuentra cada solicitud y quién es responsable de atenderla. Sin embargo, la tecnología no elimina automáticamente los abusos: puede trasladarlos hacia algoritmos opacos, plataformas deficientes o decisiones administrativas difíciles de impugnar. Digitalizar un procedimiento injusto no lo vuelve justo; solo modifica la forma en que se ejerce.
Existe, además, una dimensión de desigualdad que no debe ignorarse. Una ventanilla digital beneficia a quienes disponen de conexión estable, documentos actualizados y conocimientos para navegar plataformas gubernamentales. Para pequeños negocios, comunidades rurales o personas con baja alfabetización tecnológica, el cierre de espacios presenciales puede convertirse en una nueva barrera. La modernización administrativa necesita mecanismos de acompañamiento, accesibilidad y atención alternativa. De lo contrario, el Estado más eficiente para grandes inversionistas podría terminar siendo menos comprensible para una parte importante de la ciudadanía.
La verdadera evaluación de la reforma no dependerá del número de trámites eliminados, sino de sus resultados verificables. Será necesario medir cuánto disminuyeron los tiempos, cuántas inversiones se concretaron, qué costos se evitaron y si hubo menos actos de corrupción. También deberá observarse si la rapidez conserva controles ambientales, laborales y urbanos indispensables. La simplificación puede fortalecer la confianza pública cuando reduce arbitrariedades sin sacrificar derechos. Pero si solo acelera decisiones favorables para actores poderosos, la ventanilla digital será una nueva interfaz para una vieja desigualdad administrativa.
