Defender un río, un bosque o un territorio puede costar la vida, sobre todo en América Latina. La organización británica Global Witness documenta cada año los asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente. Según una nota de La Prensa de Honduras, basada en la agencia AFP, su informe del 20 de junio de 2016 registró 185 asesinatos en 16 países en 2015, alrededor de 60 % más que el año anterior y el año más mortífero registrado hasta entonces. De ellos, 67 eran personas indígenas, también la cifra más alta. Estos datos tienen una década: existen ediciones posteriores del informe que no se consultaron aquí.
Por país, según la misma nota, Brasil fue el más letal con 50 casos, seguido de Filipinas (33), Colombia (26), Perú y Nicaragua (12 cada uno), Guatemala (10), Honduras (8) y México (4). América Latina concentró la mayoría de los países en la parte alta de la lista, y América Central aparece como una región especialmente peligrosa. Global Witness advierte que la cifra real es probablemente mayor, sobre todo en zonas remotas, porque solo cuenta casos documentados.
La relación con la industria es visible. La nota indica que la minería y las industrias extractivas estuvieron vinculadas a 42 casos, casi 70 % más que en 2014, con Perú, Filipinas y Colombia a la cabeza; la agroindustria de plantaciones a gran escala, a 20, sobre todo en Filipinas y Brasil; y la tala, a 15, a menudo ilegal en áreas protegidas o territorios indígenas. El informe identifica la presión por la propiedad y el uso de la tierra como factor de fondo en casi todos los asesinatos.
Hay otra forma de presión menos visible. Según la nota, gobiernos y empresas usan cada vez más medidas legales para obstruir a los activistas, y en África se señala una criminalización creciente más que un alto número de muertes. Es un recordatorio de que el recuento de asesinatos no abarca todo el daño: también existen los juicios, las amenazas y el desgaste.
El informe se dedicó a Berta Cáceres, activista hondureña asesinada a tiros en marzo de 2016, un caso que simboliza el patrón. La nota solo menciona esa dedicatoria y no profundiza en su historia, de modo que no se detalla aquí su lucha ni lo que ocurrió después con la investigación. Su nombre aparece en el informe como señal de que los asesinatos no son hechos aislados.
Las limitaciones son claras. La nota es una versión periodística de AFP de 2016 y no el informe original; los datos de 2015 no dicen cómo evolucionó el fenómeno; y el recuento depende de lo que Global Witness logra verificar, de modo que las comparaciones entre países reflejan también la capacidad de documentación. Aun con esas cautelas, el cuadro es consistente: los conflictos por tierra y recursos naturales concentran la violencia contra quienes defienden el territorio, y los pueblos indígenas están desproporcionadamente afectados. Para saber cuánto cambió en la década, hay que ir a los informes más recientes.
**Fuentes:** La Prensa, Honduras (Brasil, Colombia y Perú, los más peligrosos para ambientalistas, nota basada en AFP sobre el informe de Global Witness de junio de 2016).
