Cuando una inundación destruye un barrio o una sequía vacía un pueblo, quienes se van suelen ser llamados refugiados climáticos. Pero el término no existe en el derecho internacional. La Convención de Ginebra de 1951 reconoce como refugiadas a las personas perseguidas por motivos específicos, y el clima no figura entre ellos. ACNUR considera incluso que la expresión "refugiado climático" es confusa por esa razón, y reconoce que no hay datos exactos sobre cuántas personas dejan sus países por el cambio climático.
Lo que sí se mide es el desplazamiento interno. Según el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC), a fines de 2025 había 82,2 millones de personas desplazadas internamente en 104 países y territorios, con 62,2 millones de movimientos registrados durante el año. Los fenómenos meteorológicos extremos provocaron 29,9 millones de desplazamientos en 2025, y casi 13,6 millones de personas seguían atrapadas en un desplazamiento prolongado por desastres. En 2024 se registró la cifra más alta de desplazamientos por desastres desde que el IDMC comenzó a medir en 2008, con 45,8 millones. A fines de 2024, más de tres cuartas partes de los desplazados internos vivían en países muy vulnerables al cambio climático.
Hay límites en esos datos. Las cifras del IDMC miden desplazamientos por desastres, pero no aíslan qué parte de los movimientos clasificados como económicos o por conflicto tiene un origen climático. Y la relación entre clima y conflicto se entrelaza: el número de países con desplazamientos por ambas causas se ha triplicado desde 2009. Además, estudios matizan el relato catastrofista: la mayoría de los desplazamientos son dentro de los países o entre vecinos, a distancias cortas y a menudo reversibles, y los más pobres a veces no pueden moverse, por lo que quedan atrapados.
La protección existe de forma parcial. La Convención de Kampala, ratificada por 33 miembros de la Unión Africana, protege a los desplazados internos, incluidos los afectados por el cambio climático. En el Pacífico, Australia y Tuvalu crearon una vía de movilidad especial con visados para ciudadanos tuvaluanos, un esquema considerado único en el mundo. Según Medicus Mundi, Colombia propone un registro único de desplazamiento climático y la Unión Europea ha avanzado en actualizar su pacto de migración y asilo para evitar deportaciones hacia países con riesgo ambiental extremo; son iniciativas incipientes y no existe una convención global específica.
Los especialistas discuten el vocabulario por una razón práctica: la forma de nombrar determina qué derechos se reclaman. Algunos prefieren hablar de "desplazados" o "personas en movilidad climática" para no confundirse con el estatuto de refugiado, cuya reapertura temen que debilite las protecciones actuales. Otros sostienen que se necesita un marco nuevo y que seguir esperando agrava el vacío.
También hay una dimensión de justicia. Quienes menos contribuyen a las emisiones suelen ser los más expuestos, y la discusión sobre pérdidas y daños en las negociaciones climáticas empieza a incluir la movilidad humana. Por eso la pregunta no es solo cómo acoger a quien llega, sino cómo permitir que quedarse sea una opción viable. La adaptación en el lugar, con infraestructura y financiamiento, es la otra cara de la política migratoria. El mensaje central es que este es un problema de proporciones creciente con respuestas desiguales: las personas ya se mueven, mientras el derecho aún discute cómo llamarlas.
Fuentes: Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (Informe Global 2026); Maldita.es; El Español; EcoAvant; Medicus Mundi; Ecoticias; IEMed; Datos para la Paz (Unidad para las Víctimas, Colombia).
