El 29 de mayo de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó la Opinión Consultiva OC-32/25 sobre emergencia climática y derechos humanos, que se notificó públicamente el 3 de julio de ese año en San José, Costa Rica. Fue solicitada por Chile y Colombia, que presentaron la consulta el 9 de enero de 2023, y dio lugar al proceso consultivo con mayor participación en la historia del tribunal. Es, probablemente, el pronunciamiento más completo de un tribunal regional de derechos humanos sobre el cambio climático.
La Corte concluyó que, de acuerdo con la mejor ciencia disponible, la situación actual constituye una emergencia climática causada por el aumento acelerado de la temperatura global por factores de origen humano. A partir de ahí desarrolló un argumento jurídico: el clima estable es una condición para disfrutar de derechos como la vida, la salud, el agua, la alimentación y la vivienda. Y reconoció por primera vez un derecho autónomo a un clima sano, entendido como un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas para los seres humanos y la naturaleza.
La opinión amplía una línea abierta en 2017 con la OC-23/17, que había reconocido el derecho a un medio ambiente sano. Ahora la Corte detalla qué deben hacer los Estados: prevenir daños, mitigar las emisiones, adaptarse a los efectos y proteger a quienes están más expuestos. También subraya obligaciones de procedimiento: garantizar acceso a la información climática, participación en las decisiones y acceso a la justicia, incluida la posibilidad de litigar en casos climáticos. Organizaciones como CEJIL han publicado guías temáticas para aplicar estos estándares.
Un énfasis especial es la desigualdad. La Corte reconoció que la crisis climática no afecta a todos por igual: golpea de forma desproporcionada a mujeres y niñas, a pueblos indígenas, a comunidades rurales, a personas en pobreza y a niños y niñas, y exigió que las políticas climáticas incorporen una perspectiva de género y de derechos. La organización Center for Reproductive Rights lo calificó como un hito por reconocer que el cambio climático "no nos afecta a todos por igual".
Una opinión consultiva no es una sentencia, y esto es importante. No condena a ningún Estado ni es obligatoria como un fallo, pero la Corte tiene una doctrina según la cual los jueces y autoridades nacionales deben tomar en cuenta sus interpretaciones al aplicar la Convención Americana, y los tribunales de la región suelen recurrir a ellas. Su efecto práctico depende, por tanto, de si litigantes y jueces la usan. Hubo además división interna: algunos puntos de la opinión se adoptaron por cuatro votos contra tres, lo que muestra que no todos los jueces compartieron todos los pasos del razonamiento. El contexto internacional refuerza su peso. Pocas semanas después, en julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia emitió su propia opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático. En conjunto, las decisiones de tribunales internacionales construyen un cuerpo jurídico que los litigios climáticos podrán invocar contra gobiernos y, quizá, contra empresas.
Los matices están en la implementación. Reconocer un derecho no reduce por sí mismo las emisiones, y muchos Estados de la región son simultáneamente víctimas del cambio climático y productores de combustibles fósiles. La Corte ofrece un marco; que sea efectivo dependerá de la voluntad política, de los tribunales nacionales y de la capacidad de las comunidades para exigirlo. Aun así, es un precedente que cambia el lenguaje del debate: de promesas voluntarias a obligaciones jurídicas.
Fuentes:
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-32/25 (texto y ficha técnica)
- Center for Reproductive Rights, Mongabay Latam y Universidad del Rosario (análisis y resumen)
- CEJIL, Ministerio Público Fiscal de Argentina, Revista Jurídica de la UNT y Delfino.cr (guías y comentarios)
- Gobierno de Chile (comunicado sobre la opinión consultiva)
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