Desde 2019, ya se investigaba a la "Casta Riestra" por corrupción

La presidencia del Congreso del estado, en 2019, intentó que la fiscalía especializada en el combate a la corrupción en Puebla investigara a los hermanos Riestra Piña (Mario, Rodrigo y Susana) por presuntos negocios ilícitos que habrían realizado en terrenos del parque Flor del Bosque y la zona de Audi. 

 Esta investigación fue bloqueada en su momento por aliados políticos de los Riestra, en particular el diputado Carlos Morales, del PRD. Sin embargo, el mismo reconoció que había investigaciones sobre ellos, pues en sus argumentos pidió esperar a que el "debido proceso" de la fiscalía culminara. 

En el punto de acuerdo que presentó el entonces presidente del congreso del estado, Gabriel Biestro, acusó que los Riestra Piña hicieron fraudes y burdos intentos patrimonialistas para utilizar el patrimonio del estado como si fuera el patrimonio personal de una "banda de ladrones".

Las suposiciones del grupo parlamentario de Morena se sostuvieron sobre el crecimiento que tuvo la plusvalía de los terrenos en Audi y Flor del Bosque, además del aprovechamiento de sus posiciones de poder para ejecutar esos negocios con información privilegiada que les otorgaron sus cargos. 

La petición para investigar la presunta corrupción de los Riestra, realizada por la presidencia del congreso, tiene además como hipótesis el uso de información privilegiada que deviene en el delito: Conflicto de intereses. 

Rodrigo Riestra fue secretario de desarrollo rural y ordenamiento territorial en dos gobiernos estatales. Susana Riestra fue secretaria de desarrollo social y su hermano Mario tenía conocimiento de los negocios territoriales debido a que fue secretario del ayuntamiento.

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local había propuesto, entonces, inicialmente instar a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en el Estado de Puebla a investigar las presuntas irregularidades vinculadas a la "Casta Riestra Piña" durante las administraciones de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad. 

No obstante, a solicitud del diputado Carlos Morales Álvarez, el punto de acuerdo fue devuelto para un análisis más detenido. 

Morales expresó su preocupación acerca de la imparcialidad del llamado, argumentando que al enfocarse en una sola familia, se corre el riesgo de politizar la situación, además de la necesidad de respetar el debido proceso en caso de que existan denuncias en la Fiscalía. 

 La iniciativa fue presentada originalmente el 14 de octubre de 2019 por el coordinador del grupo legislativo de Morena, Gabriel Biestro, quien demandó una investigación exhaustiva sobre los funcionarios públicos tanto estatales como municipales durante el periodo comprendido entre febrero de 2011 y diciembre de 2018. 

 Biestro subrayó que dichos ex funcionarios ya habían sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos actos de corrupción. Además, buscaba instruir a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que proporcionara toda la documentación solicitada por la Fiscalía de Combate a la Corrupción. 

 En su exposición, Biestro calificó los gobiernos de Moreno Valle y Gali como intentos descarados de enriquecimiento personal a costa del erario público, acusándolos de ser una fachada para actividades criminales que ponían en riesgo el bienestar y futuro de los ciudadanos poblanos.

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