En la Alcaldía de Tlalpan, bajo la administración de Alfa Eliana González Magallanes, se ha evidenciado un preocupante fenómeno que combina la creciente actividad criminal con un auge en el desarrollo inmobiliario. De acuerdo con reportes de seguridad, zonas como Topilejo y Santa María Petlatalco se han convertido en focos rojos, al ser utilizadas por bandas de secuestradores como casas de seguridad, poniendo en jaque la tranquilidad y seguridad de los habitantes.
Críticos de la gestión de González Magallanes sostienen que la alcaldesa ha facilitado este desarrollo, siguiendo un modelo similar al observado en la Alcaldía Benito Juárez, tradicionalmente gobernada por el PAN. Este modelo ha sido señalado por promover edificaciones que, además de alterar el paisaje urbano, han impactado negativamente en el consumo de agua en la zona.
La problemática del agua es especialmente crítica en el contexto de la sequía que afecta al sistema Cutzamala, principal fuente de abastecimiento de agua para la Ciudad de México. Ante esta situación, se ha reportado que la propia alcaldesa ha establecido un negocio de distribución de agua mediante pipas, servicio que ha sido autocontratado por el ayuntamiento, generando un conflicto de interés y cuestionamientos sobre la ética de su administración.
Este escenario ha generado una doble crisis en Tlalpan: por un lado, el incremento en la actividad delictiva asociada al secuestro y, por otro, un desarrollo inmobiliario que presiona los ya de por sí limitados recursos hídricos de la zona. Ambas situaciones han provocado malestar y preocupación entre los ciudadanos, quienes ven comprometida su calidad de vida y seguridad.
Organizaciones civiles y expertos en urbanismo han llamado la atención sobre la necesidad de implementar políticas que equilibren el desarrollo urbano con la conservación de los recursos naturales y la seguridad pública. Se insta a la alcaldía a revisar y ajustar sus políticas de desarrollo inmobiliario, garantizando que estas no solo sean sostenibles, sino que también no contribuyan a la vulnerabilidad de la población ante el crimen organizado.
La respuesta de la alcaldía a estas críticas y la implementación de medidas correctivas serán determinantes para restaurar la confianza de la población en sus gobernantes.
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