Uno de los puntos centrales es la creación de una Ventanilla Única de Comercio Exterior, diseñada para que las empresas puedan realizar trámites mediante una sola solicitud digital. Esta herramienta integrará procesos de la Secretaría de Economía, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México, con el objetivo de reducir duplicidades, dar trazabilidad a las solicitudes y facilitar operaciones de comercio exterior. De acuerdo con análisis especializados, el esquema busca concentrar 132 trámites en un solo punto de entrada.
El paquete contempla un mecanismo de autorización más rápido para inversiones estratégicas. Los proyectos ubicados en Polos de Desarrollo para el Bienestar, aquellos superiores a 2 mil millones de pesos o pertenecientes a sectores prioritarios podrán obtener constancia en un plazo máximo de 30 días. Para el resto de las inversiones, la autoridad deberá resolver en un plazo máximo de 90 días, lo que busca evitar que los proyectos queden detenidos por indefinición administrativa.
La simplificación alcanzará áreas sensibles como la fiscalización y la regulación sanitaria. En materia fiscal, se plantea que la autoridad procure realizar una sola revisión integral por ejercicio fiscal y por contribuyente, con el propósito de evitar duplicidades y dar mayor claridad a empresas e inversionistas. En el caso de Cofepris, los requisitos pasarán de 340 a 125, mientras que los tiempos de resolución se reducirán de 100 a 24 días, una medida relevante para medicamentos, dispositivos médicos e insumos de salud.
En materia energética, el Gobierno federal anunció la autorización de 5 mil megawatts de generación privada renovable, junto con un concurso de 11 mil megawatts para proyectos mixtos. La meta forma parte de una ruta más amplia para elevar la generación renovable del 24% al 38% hacia 2030. Reportes recientes señalan que el gobierno busca detonar inversiones eléctricas mixtas y privadas por más de 740 mil millones de pesos e incorporar 32 gigawatts adicionales de capacidad de generación eléctrica al país hacia el final de la década.
Con estos decretos, Sheinbaum busca enviar una señal de confianza al sector productivo: menos trámites, plazos definidos, mayor certidumbre y coordinación institucional. El reto será que la simplificación anunciada se traduzca en resultados medibles, inversión efectiva, nuevos empleos y mayor competitividad para México en un contexto marcado por el nearshoring, la revisión del T-MEC y la necesidad de fortalecer infraestructura, energía y cadenas productivas nacionales.
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