La Auditoría Superior de Michoacán vuelve a cruzarse con la trayectoria legislativa de Marco Polo Aguirre. En enero de 2024, el propio diputado reconoció que seis auditorías ordenadas a la ASM continuaban sin realizarse, pese a que habían sido aprobadas durante la revisión de la Cuenta Pública Estatal 2021. Se trataba de dos auditorías de cumplimiento, dos de desempeño y dos financieras correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022.
El asunto adquirió otra dimensión por el dinero involucrado. Aguirre sostuvo que el proceso se había complicado después de que la titular de la Unidad de Evaluación y Control firmara tres contratos por 16 millones de pesos con despachos externos. Según el legislador, esos contratos carecían de validez porque la facultad para suscribirlos correspondía a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso.
El problema es que la Auditoría no representa un terreno nuevo para Marco Polo. Desde 2019 formó parte de la Comisión Inspectora de la ASM y participó institucionalmente en decisiones relacionadas con el órgano fiscalizador. Documentos oficiales del propio Congreso acreditan su integración en esa comisión durante la 74 Legislatura. Después vendrían la controversia por el examen para elegir auditor, los supuestos mensajes difundidos durante aquel procedimiento y nuevos enfrentamientos alrededor de la institución.
Años después, el propio Marco Polo reconocía que el Congreso no había sido capaz de ejecutar las auditorías que había ordenado. El dato añade otro capítulo a una larga relación política entre Aguirre y la ASM: procesos de selección cuestionados, enfrentamientos legislativos, procedimientos judiciales y finalmente auditorías que quedaron estancadas.
