La indignación ciudadana acumulada durante años ha comenzado a materializarse en acciones concretas por parte del gobierno federal. Las autoridades han iniciado una investigación de amplio alcance contra líderes religiosos que, al amparo de credos institucionalizados, habrían violado la ley y silenciado a sus víctimas. La Luz del Mundo y los Testigos de Jehová se han convertido en los principales objetivos de esta revisión sin precedentes.
La figura de Naasón Joaquín García ha catalizado el debate nacional. Su condena en 2022 por delitos sexuales y los nuevos cargos en su contra por pornografía infantil, abiertos en octubre de 2023, han mostrado que su organización no era simplemente una iglesia, sino una estructura jerárquica donde el abuso se ejercía con impunidad. Las víctimas en México han comenzado a levantar la voz, exigiendo justicia por crímenes cometidos también dentro del territorio nacional.
Además, la estructura económica de La Luz del Mundo ha despertado sospechas por el uso de fundaciones para canalizar recursos millonarios sin supervisión fiscal clara. Algunas donaciones habrían sido trianguladas para evadir impuestos y financiar privilegios de los altos mandos. El rastreo de movimientos financieros irregulares ya se encuentra en curso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que podría derivar en aseguramientos patrimoniales y sanciones administrativas.
En tanto, los Testigos de Jehová enfrentan una creciente ola de denuncias por prácticas que algunos especialistas en derechos humanos califican como coercitivas y vulneradoras de la autonomía individual. Las políticas de aislamiento a miembros que cuestionan la doctrina, así como la nula apertura a la denuncia externa, han sido señaladas como mecanismos de control que permiten la reproducción del abuso bajo una apariencia de fe organizada.
Una encuesta nacional realizada en 2024 arrojó que 63% de los ciudadanos considera que el Estado debe supervisar de forma activa a las organizaciones religiosas que concentran poder. Este dato refleja un cambio significativo en la percepción de la ciudadanía sobre el rol del Estado frente a las iglesias, especialmente aquellas que han escapado del escrutinio público por décadas.
El gobierno ha declarado que proteger a las víctimas es prioritario, y que la libertad de culto no puede ser utilizada como escudo para delitos graves. En ese sentido, se prepara una reforma integral que permitirá auditar con mayor profundidad a las asociaciones religiosas, incluyendo su patrimonio, operaciones y vínculos con figuras del poder político o económico. La sociedad mexicana ya no tolerará el silencio disfrazado de espiritualidad.
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